Los munícipes de la provincia Santo Domingo y comunidades adyacentes que en su condición de consumidores vean afectados sus derechos en colmados, supermercados, tiendas de electrodomésticos, compra de vehículos o en el gas licuado de petróleo u otro bien o servicio podrán presentar sus denuncias en las Fiscalías Barriales de la provincia Santo Domingo.
El doctor Perfecto Acosta, procurador fiscal de la Provincia Santo Domingo, garantizó que los representantes del Ministerio Público en esa jurisdicción apresará y someterán a todos los comerciantes que estafen a los consumidores, por violación a la Ley 358.
El arresto de los comerciantes será dispuesto por los fiscales asignados a las Fiscalías Barriales que serán agentes receptores de denuncias contra comerciantes que violen la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, No. 358-05.
Tal iniciativa es el resultado de un convenio de colaboración institucional entre el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, firmado por la licenciada Altagracia Paulino, directora ejecutiva de Pro Consumidor, y el procurador fisca Perfecto Acosta.
El convenio busca establecer mecanismos institucionales para acercar a la ciudadanía a la protección de sus derechos como consumidores y usuarios, a través de las Fiscalías Barriales y de los Procuradores Fiscales Adjuntos y Fiscalizadores de la provincia Santo Domingo.
Previo a este acuerdo, para perseguir las violaciones a la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, la Fiscalía del Distrito Nacional designó un fiscal adjunto para que, a través de la recepción de denuncias, y la realización de operativos de supervisión de cumplimiento de la ley, brinde el apoyo necesario a los consumidores.
Con este nuevo convenio, en las fiscalías barriales de Santo Domingo se establecerá un personal de enlace para que reciba las denuncias relacionadas a las violaciones a los derechos del consumidor contenidas en la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, y la tramite a Pro Consumidor, o a los fiscalizadores competentes.
Mediante el convenio también buscan propiciar jornadas de capacitación al Ministerio Público para que pueda asumir su competencia legal de manera satisfactoria dentro de las atribuciones que le confiere la ley.
Mediante este acuerdo, la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo brindará todo el apoyo necesario a la labor de Pro Consumidor, para que supervise a todos los comerciantes y proceda a someter a los tribunales a aquellos que, usando mecanismos fraudulentos, estafen a los consumidores”.
Las denuncias o reclamaciones por violaciones a la Ley 358-05 que podrán recibir las fiscalías barriales son relativas a la salud y seguridad; alteración, adulteración, falsificación o fraude de precios; a transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y precios; y a la normalización, documentación y condiciones de venta o suministro, entre otras.
Ambas entidades buscan establecer mecanismos institucionales para acercar a la ciudadanía en la protección de sus derechos como consumidores y usuarios.
Las denuncias o reclamaciones por violaciones a la Ley 358-05 podrán ser de salud y seguridad, alteración, adulteración o fraude de precios, transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y precios, normalización, documentación y condiciones de venta o suministro, entre otras.
La Fiscalía de Santo Domingo designará un procurador Fiscal Adjunto o un Fiscalizador que servirá de apoyo para tramitar la solicitud verbal o escrita del Ministerio Publico a Pro consumidor.
Pro Consumidor propiciará jornadas de capacitación con la finalidad de que el Ministerio Publico asuma de manera satisfactoria las acciones legales dentro de las atribuciones que le confiere la Ley no. 358-05, General de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario.
